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Cada vez que un político impone precios máximos, no consigue abaratar de manera real un bien o servicio, sino que provoca escasez y empobrecimiento. Las curvas de oferta y demanda lo muestran con claridad: si el precio fijado no permite obtener rentabilidad, los productores reducen o abandonan la producción. Al mismo tiempo, el precio artificialmente bajo incentiva a más personas a comprar. El resultado es que la demanda supera ampliamente a la oferta, y la diferencia se convierte en escasez: largas filas, mercados vacíos y consumidores frustrados. A partir de ahí, surgen problemas adicionales: controles de calidad rígidos, regulaciones sobre cómo producir e incluso restricciones que limitan la compra a una o dos unidades por persona.
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